Senadora por Jujuy presentó proyecto para que sentenciados por corrupción no puedan ser candidatos

La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR-Juntos por el Cambio) presentó, en el Senado de la Nación, un proyecto de Ley de “Ficha Limpia” que viene a introducir una modificación en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, incorporando dos nuevos incisos, que tienen por objeto determinar la prohibición para postularse como precandidatos a ocupar cargos públicos en elecciones primarias y generales, cargos públicos electivos nacionales y a cargos partidarios, para todas aquellas personas que fueron sentenciadas por delitos de corrupción.

De acuerdo al proyecto, no podrán postularse quienes hayan cometido los delitos contenidos en el inciso 5 del artículo 174, y en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, de los Delitos Contra la Administración Pública, del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.

Se apunta a todo aquel que tuviere sentencia firme por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de sellos y documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y prevaricato; como también aquellos con sentencia por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Capítulo IV de Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal.

No sólo la iniciativa prohíbe acceder a la calidad de precandidatos en elecciones primarias y generales, sino ocupar cargos públicos.

El proyecto fue acompañado con las firmas de los senadores Pablo Blanco, Julio Cobos, Eduardo Costa,  Mario Fiad, Julio Martínez, Stella M. Olalla y Víctor Zimmermann.

“Nuestra Constitución Nacional, resalta la senadora,  en su artículo 36 determina que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos y, el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. El artículo 36 pone de manifiesto la vinculación directa de la lesión al orden constitucional mediante actos que importen corrupción en los organismos del Estado y los eleva al nivel de atentados contra el orden democrático. Es importante remarcar esto puesto que entiende que socava la legitimidad de las instituciones públicas”, indicó Giacoppo.