Anastasia García, la funcionaria militante detenida por defender la usurpación de tierras

Tras salir de la comisaría, el grupo posó haciendo la «v» peronista, junto a Anastasia García y su esposo Andrés Deymonnaz.

Anastasia García es una militante que nunca dejó de exteriorizar su antipatía por el gobierno de Gerardo Morales, participando en marchas en contra de medidas de la gestión provincial que trataban de contener el desmadre producido durante los años de la desidia del gobernador Eduardo Fellner y de su violenta socia Milagro Sala.

Junto a su marido, el chavista Andrés Deymonnaz, Anastasia –quien ostenta el cargo de coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Nación (Safci)- fue detenida ayer en Palpalpá junto a dos personas, al intentar obstaculizar un desalojo dispuesto por la Justicia local, luego de la usurpación de tierras pertenecientes a la inmobiliaria Sucre.

Sucre, una empresa que tiene más de 50 años en Jujuy, pudo probar en la Justicia que los terrenos ocupados ilegalmente por la recientemente conformada agrupación “Tusca Pacha”, son propiedad de la empresa. Pero, además, la inmobiliaria reveló que el principal responsable de la toma, Pedro Lindorfo Maraz, es un ciudadano boliviano, por lo cual mal puede reclamar la propiedad “ancestral” de esas tierras.

Contribuyeron a agitar la batahola los diputados del Frente de Todos, Alejandra Cejas, Emanuel Martín Palmieri (hermano del abogado de Milagro Sala) y Fátima Tisera. Según analistas locales, “la idea es buscar un muerto, tal como sucedió en la toma de tierras en 2012 en Humahuaca que terminó con la muerte de Pato Condorí”.

Anastasia García, junto a la diputada Alejandra Cejas, a poco de ser designada como coordinadora provincial de la SAFCI.

Qué hay detrás de la usurpación

Sucre es una inmobiliaria que tiene más de 50 años de trabajo en Palpalá, donde desarrolló distintos barrios de esa ciudad. La tierra que reclama el violento grupo “Tusca Pacha” es propiedad de la empresa desde hace unos 40 años.

Cuando la empresa comenzó a hacer el desarrollo del parque industrial Ingeniero Snopek, apareció un grupo denominado “Mayu Los Alisos” que reclamaba la mitad de la finca, argumentando que había personas asentadas desde hacía varios años en la zona. Además, existía un grupo de asentados no aborígenes, quienes a la postre arribaron a un acuerdo con la empresa: comprar los lotes a 30 años, lo cual se viene cumpliendo desde ese momento.

Mayu Los Alisos, por su parte, realizó una asamblea comunitaria y analizó la documentación y los planos provistos por la empresa Sucre, decidiendo modificar el mapa de su territorio al considerar que la inmobiliaria tenía la posesión legítima. Por ese motivo, hoy sólo ocupan tierras hasta la avenida Mar de Wedell.

Sin embargo, quedó un pequeño grupo disconforme con la determinación de la comunidad Mayu Los Alisos, más hostil e identificado con la militancia peronista local, que decidió conformar la pseudo comunidad “Tusca Pacha” que no debe tener más de 40 días de existencia. Este es el grupo agresivo que, junto a Anastasia García de la Secretaría de Agricultura Familiar, intentó impedir el cumplimiento de la medida dispuesta por el juez Jorge Zurueta.

Una de las falacias esparcidas por la funcionaria militante Anastasia García, es que funcionarios del Gobierno Provincial tienen intereses en la empresa, lo cual fue desmentido en forma terminante por Sucre en un comunicado difundido ayer. Funcionarios y legisladores militantes del FdT intentan por todos los medios asociar la gestión de Gerardo Morales con la represión. La táctica es utilizar ciertos reclamos sociales para agitar los ánimos y lanzar diatribas contra la Provincia.

Encuentran eco en algunos medios nacionales mayormente financiados por el kirchnerismo y por el Gobierno Nacional. Mientras tanto, cosechan el repudio de la gran mayoría de la población de Jujuy que no los deja de considerar como simples “vagos, kilomberos y delincuentes”, según se lee en los comentarios de las redes sociales.

Un dato a tener en cuenta es que en ese lugar no vive nadie.

Tres ser liberada por defender una usurpación ilegal, la funcionaria Anastasia García habla al grupo integrado por un ciudadano boliviano que reclama la tierra como «propia».

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