Mientras en la Patagonia argentina los incendios ya consumieron más de 12.000 hectáreas de bosques nativos -una tragedia ambiental reconocida incluso por autoridades de Chubut- en Jujuy se cumplieron nueve años de otro desastre real: el alud que arrasó Volcán. Dos escenarios distintos, una misma pregunta de fondo: ¿qué hace el Estado cuando todo se derrumba?
En Volcán, el momento decisivo no fue la tragedia en sí, sino la determinación política posterior. No se eligió el abandono, ni la relocalización forzada, ni la lógica del “arréglense como puedan”, o, como dijo Milei en Bahía Blanca, “ustedes van a poder resolver la situación con los recursos existentes”. En cambio, se eligió reconstruir. Asumir costos, planificar, reordenar el territorio y devolver dignidad. Volcán no se levantó solo: alguien se hizo cargo.
El contraste es ineliduble. En Bahía Blanca, frente a una crisis social evidente, y en los incendios de Córdoba el año pasado y de Chubut ahora, se repite una lógica conocida: desentenderse, minimizar, delegar en la buena voluntad o en el esfuerzo individual. Cuando el poder se retira, el daño se profundiza. Cuando el Estado niega o relativiza las crisis -especialmente las climáticas-, las comunidades quedan a la buena de Dios.
Volcán demuestra otra cosa. Que gobernar no es administrar en tiempos normales, sino decidir en la emergencia. Que el liderazgo se prueba cuando no hay manuales ni soluciones fáciles. Y que, frente a catástrofes reales, la diferencia entre el abandono y la reconstrucción no es ideológica: es política. Cuando el Estado decide hacerse cargo, una comunidad vuelve a ponerse de pie.
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