El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que se realizaron las audiencias imputativas en el marco de la investigación por la muerte de Ariel Vilte, el detenido que sufrió graves quemaduras mientras se encontraba alojado en la Comisaría Seccional Nº 61 de El Chingo. Como resultado, cuatro efectivos policiales fueron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con promoción de la acción penal.
Según el parte oficial, los imputados comparecieron ante el MPA, designaron defensores, fueron informados del hecho investigado, la calificación legal y las evidencias incorporadas hasta el momento, ejerciendo su derecho de defensa. La causa se encuentra en una fase inicial de la Investigación Penal Preparatoria, en la que continuará la recolección y análisis de pruebas para determinar eventuales responsabilidades.
El caso y sus antecedentes
El hecho ocurrió a fines de diciembre, cuando Vilte se prendió fuego dentro de su celda. Tras ser trasladado al Hospital Pablo Soria, falleció con quemaduras en entre el 75 y el 80% de su cuerpo. Días después, el MPA difundió el informe preliminar de autopsia, que concluyó que la causa de muerte fue un fallo orgánico por shock hipovolémico, producto de las quemaduras y la inhalación de monóxido de carbono, descartando golpes, signos de tortura o lesiones previas al incendio.
En paralelo, el fiscal regional Guillermo Beller había informado que se investigaban dos ejes: las causales del fallecimiento y el cumplimiento de los protocolos de custodia y control por parte del personal policial.
La familia de la víctima, a través de su abogado, había advertido desde el inicio sobre una posible responsabilidad policial, señalando fallas en la requisa y la custodia que habrían permitido al detenido acceder a un encendedor. Incluso, cuestionaron públicamente la demora inicial en la formulación de imputaciones y pusieron en duda la hipótesis de un suicidio.
Qué implica la imputación
La imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público no supone, según la información oficial y el resultado de la autopsia, una acusación por la muerte en sí misma, sino por posibles omisiones o fallas en los deberes de cuidado y control que debían garantizar la integridad del detenido. La dinámica del hecho y la eventual responsabilidad penal continúan bajo investigación.
Desde el MPA reiteraron su compromiso de avanzar con una pesquisa exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de lo ocurrido. Con las imputaciones ya formuladas, la causa entra ahora en una etapa clave para determinar si existieron responsabilidades institucionales en un caso que generó fuerte conmoción pública.
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