La detención de Milagro Sala el 16 de enero de 2016 no fue un episodio aislado ni una contingencia judicial más. Fue una bisagra histórica. Marcó el final de un ciclo de violencia política organizada, impunidad estructural y manejo discrecional de recursos públicos que había penetrado la vida cotidiana de la provincia y condicionado la gobernabilidad, la paz social y el ejercicio mismo de la democracia. A partir de ese punto, Jujuy pudo iniciar un proceso de reconstrucción institucional profunda: el Estado recuperó funciones indelegables, se desarmaron estructuras paraestatales y se restableció una autoridad legítima basada en la ley. No fue un acto de revancha. Fue el inicio de un nuevo orden democrático.
Durante años, una estructura de poder informal, con enorme capacidad económica y coercitiva, operó en los márgenes -y muchas veces por encima- del Estado. La detención y posterior condena de su principal dirigente envió un mensaje inequívoco: en Jujuy, nadie está por encima de la ley. El fin de la impunidad dejó de ser una consigna para convertirse en una regla operativa. Ese cambio de paradigma fue la condición de posibilidad de todo lo que vino después.
El primer efecto visible fue el fin de la violencia política organizada como método de acumulación de poder. La amenaza, la intimidación y la presión dejaron de ser prácticas toleradas o naturalizadas. La política volvió a dirimirse en el marco institucional, y no mediante el miedo. En paralelo, se desarticularon estructuras paraestatales que habían asumido funciones propias del Estado sin legitimidad democrática: control territorial, “administración” de planes sociales, reparto de bolsones alimentarios, manipulación en la entrega de viviendas y la imposición de conductas a sectores vulnerables.
Con ese reordenamiento, el Estado recuperó su rol indelegable. La asistencia social volvió a ser gestionada íntegramente por organismos públicos, con reglas claras, criterios verificables y sin intermediaciones coercitivas. Se terminó el disciplinamiento social a través de beneficios y se restituyó la noción de derechos administrados por instituciones, no por organizaciones. Al mismo tiempo, se restableció la libre circulación: el corte sistemático de rutas y calles dejó de ser un mecanismo aceptado de presión política. La reforma constitucional de 2023 consagró el principio de libre tránsito como garantía básica de convivencia.
Ese nuevo orden tuvo un impacto directo en la vida cotidiana. Comerciantes, trabajadores, docentes, periodistas y ciudadanos comunes recuperaron la posibilidad de circular, expresarse y trabajar sin condicionamientos ni amenazas implícitas. La paz social no fue un eslogan; fue una experiencia concreta que habilitó inversión, obra pública, desarrollo y planificación a largo plazo.
El cambio institucional se apoyó, además, en hechos judiciales firmes. La causa conocida como Pibes Villeros acreditó la existencia de una estructura de asociación ilícita y fraude con recursos destinados a vivienda social, lo que derivó en condenas. A ello se sumó una condena por amenazas -jurídicamente tipificadas como tales- y, posteriormente, la unificación de penas en una condena única de 15 años, que quedó firme tras el rechazo del recurso por parte de la Corte Suprema en 2025. Los delitos incluidos en esa pena -asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas- marcaron un límite institucional claro.
También quedaron expuestos circuitos irregulares de fondos: testimonios judiciales describieron ingresos de dinero a cooperativas, retiros en efectivo en la sucursal Jujuy del Banco Nación y redistribuciones por fuera del circuito institucional. Estos elementos formaron parte de investigaciones judiciales, no de disputas retóricas. El caso se inscribe, además, en un contexto nacional más amplio de uso político y discrecional de recursos públicos durante el kirchnerismo, donde organizaciones sociales funcionaron como engranajes de poder. Nombres y responsabilidades se dirimen en sede judicial; el dato político contundente fue el quiebre de ese esquema.
En ese marco, emergió con fuerza un aspecto que durante años permaneció silenciado: el clima de miedo y la impunidad social. Testimonios recogidos en producciones periodísticas y documentales describen coerción, humillaciones, violencia y exclusión como parte de una lógica de control de Milagro Sala y la Tupac Amaru. Más allá de los casos con sentencia, existe un conjunto de relatos que dan cuenta de hechos nunca denunciados, no por inexistencia, sino por temor, vergüenza o desprotección institucional. Menciones a episodios graves -muertes, abusos, accidentes fatales- aparecen como síntomas de una época en la que el miedo inhibía la denuncia y la impunidad desalojaba la verdad del espacio público. El punto no es convertir relatos en condenas, sino comprender el daño social que produce un poder sin controles.
La detención de Milagro Sala no resolvió todos los problemas, pero hizo posible que empezaran a resolverse. Permitió que el gobierno encabezado por Gerardo Morales avanzara en transformaciones que antes eran inviables: paz social, institucionalidad, inversión, obra pública transparente, recuperación del Estado de Derecho. Fue un momento duro, incluso traumático para una parte de la sociedad, pero fundacional. Un corte necesario para torcer el rumbo.
Jujuy no fue “liberado” por un discurso. Fue ordenado por un límite. El límite que puso la Justicia a un poder que operaba sin reglas, sin controles y sin legitimidad democrática. A diez años de ese hecho, el balance es claro: sin el fin de la impunidad, no habría habido paz social; sin paz social, no habría habido transformación posible. La historia no se escribe con consignas, sino con decisiones que ordenan una sociedad. Y esa fue una de ellas.
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