Mientras el debate público suele reducir la discapacidad a formularios y recortes, San Pedro de Jujuy eligió otro camino: ir casa por casa. En el salón de actos municipal se presentó un programa integral e interinstitucional para detectar, acompañar y garantizar derechos de personas con discapacidad, con una decisión política clara del intendente Julio Bravo: no esperar la demanda, sino salir a buscarla.
La iniciativa articula al municipio (Oficina de Discapacidad), la OPD, y los ministerios provinciales de Salud y Educación. El corazón del operativo lo ponen trabajadoras y trabajadores sociales, que recorren barrios junto a centros vecinales para identificar situaciones no registradas y asegurar acceso efectivo a salud, educación y beneficios.
El enfoque marca una diferencia sustantiva: empatía, igualdad y derechos humanos como método. También se complementa con acciones concretas, como el operativo para renovar el pase libre digital, que brindó asistencia a quienes no cuentan con computadora o internet, evitando que la brecha tecnológica se transforme en exclusión.
El contraste con el plano nacional es evidente. Mientras San Pedro fortalece derechos desde el territorio, el Gobierno nacional profundiza un ajuste que impacta sobre personas con discapacidad, con recortes de pensiones y una agenda que viene debilitando las políticas de cuidado. A esto se suman denuncias y controversias públicas que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a Karina Milei, bajo cuestionamientos mediáticos y judiciales que exigen esclarecimiento.
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