En la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy llevó adelante un taller territorial con la Comunidad Aborigen Penti Carandaí que tuvo carácter sino técnico y operativo. Se trató de una instancia clave del Plan Integral Comunitario (PIC), herramienta exigida por los programas internacionales de conservación financiados por el Fondo Verde para el Clima, en el marco del esquema REDD+.

Durante la jornada se realizó una cartografía social participativa, un método reconocido a nivel internacional que permite mapear el territorio desde el conocimiento local. Sobre planos construidos colectivamente, la comunidad identificó:
- áreas de bosque nativo conservado,
- zonas de uso tradicional (recolección, tránsito, actividades productivas),
- cursos de agua,
- sectores degradados que requieren restauración,
- espacios con valor cultural, histórico o espiritual.
Este relevamiento no es decorativo; se convierte en un insumo técnico que alimenta el Plan Integral Comunitario que la provincia presenta ante los organismos que financian la conservación ambiental por resultados medibles.
Por qué este trabajo habilita financiamiento internacional
El programa REDD+ paga por por resultados verificables.
En términos simples: si se demuestra que el bosque permanece en pie, si se acredita científicamente que eso evita emisiones de carbono y si se valida que las comunidades participan activamente en su cuidado, entonces el Fondo Verde para el Clima transfiere recursos en dólares a la Argentina (no préstamos), en función de los resultados ambientales logrados.
Jujuy forma parte de ese esquema nacional y los talleres como el realizado en Palma Sola son condiciones técnicas obligatorias para acceder a esos fondos.
Una vez validados los resultados, una parte del financiamiento se canaliza directamente a través de los Planes Integrales Comunitarios, que establecen usos específicos y controlados de los fondos. En el caso de comunidades como Penti Carandaí, los recursos se podrían traducir en:
- pagos por tareas de monitoreo y cuidado del bosque,
- generación de empleo local vinculado a restauración ambiental, viveros de especies nativas y control territorial,
- apoyo a emprendimientos productivos compatibles con el monte (apicultura, recolección sustentable, turismo comunitario),
- fortalecimiento organizativo y capacitación técnica.
Es decir, cuidar el bosque –en este caso- se puede convertir en una actividad económica concreta, con ingresos directos para quienes viven en el territorio.

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