La crisis política e institucional en Fraile Pintado sumó este miércoles un episodio de extrema gravedad: autoridades municipales ingresaron de manera sorpresiva al edificio del Concejo Deliberante con el objetivo de desmontar y retirar equipos de aire acondicionado, una maniobra que fue frenada por la intervención del personal legislativo, la presidenta del cuerpo y la Policía.
Según relataron fuentes del Concejo, el ingreso fue encabezado por la jueza de paz Fátima Flores, acompañada por el secretario de Obras y Servicios Públicos Hugo Cruz, el secretario de Desarrollo Humano Oscar Patito Cardozo -hermano del intendente- y otros funcionarios municipales. El operativo fue advertido por empleados del Concejo, quienes alertaron de inmediato a la presidenta Melisa Russito. La presencia policial logró que los funcionarios desistieran y se retiraran del lugar, aunque los equipos quedaron dañados, de acuerdo con el acta interna del cuerpo.
Una interna que rompió el equilibrio político local
El trasfondo del conflicto es una fractura profunda dentro del peronismo local, que replica -en clave pueblerina- la crisis del PJ a nivel provincial. Russito, que formaba parte de la estructura del intendente Ruly Cardozo, se apartó tras las últimas elecciones y, desde el 10 de diciembre, se integró al espacio que integran Juan José Di Bello, Marcelo Illanes y Matías Carabajal. Con ese movimiento, el intendente quedó en minoría, con solo dos concejales propios.
Hasta entonces, Cardozo había sido aliado del dirigente, poderoso empresario y jefe del bloque justicialista en la Legislatura, Rubén Rivarola. Hoy, según versiones coincidentes del entorno político, esa relación está rota. “Nos cagó”, habría sido la frase que circuló en ámbitos vinculados a Rivarola para describir la ruptura con el intendente.
Salarios retenidos, despidos y presión política
El conflicto se agravó a partir de decisiones administrativas que generaron fuerte malestar interno. Empleados municipales y del Concejo denuncian prepotencia, gobernar con aprietes y toma y daca, y recuerdan que al inicio de la gestión se produjeron unos 200 despidos, incluso de personal de planta permanente, bajo la acusación de falsificación de documentación. Esos casos están judicializados; una trabajadora obtuvo sentencia favorable, aunque el Ejecutivo apeló.
En diciembre, el intendente presentó fuera de término el presupuesto municipal. El Concejo introdujo modificaciones, lo aprobó, el Ejecutivo lo devolvió y finalmente lo promulgó. Tras ese ida y vuelta, el Ejecutivo pagó a los concejales solo los días trabajados en diciembre -no el mes completo- y enero directamente no se abonó, afectando también a trabajadores del Concejo. El argumento oficial fue que la nómina enviada incluía apenas ocho empleados, algo que desde el Legislativo califican de absurdo, dado que el Concejo cuenta con alrededor de 30 trabajadores entre administrativos, ordenanzas, personal de servicio y gabinete. Los concejales niegan haber modificado la nómina.
El pueblo, rehén de la pelea
Mientras la disputa escala, Fraile Pintado sufre las consecuencias: acumulación de residuos, malezas, servicios resentidos y una creciente percepción de ingobernabilidad. A ello se suman denuncias previas que pesan sobre el intendente -incluida una por acoso sexual, según fuentes locales- y el avance del consumo problemático en el municipio, un fenómeno que vecinos y organizaciones advierten en aumento.
Dirigentes y empleados coinciden en que ni el Ejecutivo ni el Legislativo parecen dispuestos a ceder, y que cuando la situación se vuelve insostenible se responsabiliza al Gobierno provincial, pese a la presencia constante de equipos y funcionarios de la Provincia en la zona para resolver problemas estructurales.
El episodio del intento de retiro de equipamiento del Concejo marca un punto de inflexión: expone un nivel de confrontación institucional inédito y refuerza la imagen de una vieja política de aprietes y reyertas internas que la ciudadanía rechaza. En Fraile Pintado, la interna dejó de ser partidaria para convertirse en un problema de gobernabilidad.
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