El Gobierno nacional pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel. “Intentó autolesionarse”, lanzó su abogada

El Ministerio de Justicia de la Nación solicitó formalmente que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y cumpla el resto de su condena en una cárcel común. El planteo fue realizado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y apunta a revertir la medida cautelar que mantiene a la dirigente jujeña bajo arresto domiciliario desde 2017.

Desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno sostuvo que Sala “debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios”. El Ministerio recordó que la dirigente social cuenta con una condena firme a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.

Según el comunicado oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó ante la CIDH las denuncias de “hostigamiento judicial” planteadas por la defensa y aportó documentación que -según el Gobierno- prueba que Sala violó las condiciones de su prisión domiciliaria al cambiar de domicilio sin autorización judicial. Ese incumplimiento, indicaron, activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en medidas de control previstas en el régimen de ejecución penal, tal como se difundió públicamente a fines del año pasado.

La respuesta de Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo que asiste a Sala, fue que el Estado argentino ya había realizado una presentación similar tiempo atrás y que la CIDH no modificó las medidas cautelares vigentes.

Además, aseguró que la ex dirigente de la Tupac Amaru atravesó recientemente “una internación por salud mental con intentos de autolesión” y que, tras el alta, el Poder Judicial de Jujuy no respondió a un pedido para continuar su tratamiento psiquiátrico.

Sala lleva una década primero en prisión efectiva y luego bajo arresto domiciliario. En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la pena única de 15 años de prisión.

Al haber alcanzado los dos tercios de la condena, su defensa quedó habilitada para solicitar la libertad condicional. En ese contexto, el pedido del Gobierno nacional no solo busca endurecer su situación procesal.