La obra de 288 departamentos en el sector de las 150 Hectáreas de Alto Comedero, que fue recorrida por el gobernador Carlos Sadir, consolida un nuevo esquema de financiamiento público-privado que la Provincia puso en marcha tras la eliminación del FONAVI por parte del Gobierno nacional y que redefine cómo se accede hoy a una vivienda social en Jujuy.
La obra es ejecutada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), con participación de cinco empresas constructoras y siete frentes de trabajo activos. Se emplaza junto a las 110 viviendas ya entregadas, conformando un nuevo conglomerado urbano que incluye infraestructura y mejoras de conectividad, como el cordón cuneta y accesos desde avenida Intersindical y calle Islas Malvinas. En total, el proyecto genera más de 300 puestos de trabajo, con mano de obra registrada de la UOCRA. El dato lo aportó el diputado y titular del gremio de la construcción, Ramón Neyra, presente en el recorrido.
El desafío de reemplazar al FONAVI
Durante décadas, la política habitacional en Argentina se sostuvo con fondos nacionales del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Esos recursos permitían construir y adjudicar viviendas con cuotas accesibles, pagadas íntegramente al Estado provincial. Ese esquema se interrumpió cuando el Gobierno de Javier Milei eliminó el fondo, cortando el flujo de financiamiento nacional para nuevas viviendas.
Ante ese escenario, la administración de Sadir impulsó y reglamentó una ley de operatoria público-privada para no paralizar la obra pública habitacional. En este modelo, explicado durante la recorrida por el ministro Carlos Stanic, la empresa constructora asume el financiamiento inicial de la obra -sin aportes FONAVI- y el Estado provincial articula la adjudicación y el recupero.
Cómo funciona la operatoria público-privada
El esquema tiene diferencias clave respecto de los planes históricos. Entre ellos, el aporte inicial del adjudicatario: quien resulte adjudicado debe realizar un pago anticipado que permite sostener el flujo financiero de la obra privada. El porcentaje exacto puede variar según la operatoria y el proyecto. Una vez entregada la vivienda, las cuotas mensuales se abonan al IVUJ, que administra el recupero de la inversión.
También se verifican montos más elevados. Tanto el desembolso inicial como las cuotas suelen ser más altas que en los antiguos planes FONAVI, porque ya no existe subsidio nacional directo a la construcción.
El presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, confirmó que los adjudicatarios de los 288 departamentos ya fueron sorteados, respetando un orden de prelación que hoy está en etapa de evaluación administrativa.
Una política de transición, con impacto social y laboral
Durante la visita, Sadir subrayó que el proyecto “avanza para que más familias jujeñas tengan su casa propia”, pero también reconoció el contexto: ya no se trata de las viejas operatorias nacionales, sino de un esquema provincial que busca sostener la construcción de viviendas en un escenario de recorte de fondos federales.
En los hechos, la obra de Alto Comedero muestra cómo Jujuy adaptó forzosamente su política habitacional: mantiene la ejecución de barrios y empleo en la construcción, pero con condiciones económicas más exigentes para los adjudicatarios. Informar ese cambio resulta clave para que las familias comprendan que el acceso a la vivienda hoy responde a nuevas reglas, distintas a las que rigieron hasta fines de 2023.
La recorrida oficial, más allá del gesto institucional, deja un dato central: la vivienda social en Jujuy sigue en marcha, aunque bajo un modelo de financiamiento distinto, que combina Estado, empresas y aportes privados de quienes sueñan con llegar a la casa propia.
jujuypress.com 
Deja un comentario