El vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad, responsabilizó políticamente al diputado nacional libertario Manuel Quintar por la grave situación que atraviesan los afiliados del PAMI en Jujuy y advirtió que la investigación penal en curso podría arrojar elementos vinculados a posibles hechos de corrupción o decisiones ilegales.

Las declaraciones se produjeron tras la reunión que mantuvieron diputados del bloque Jujuy Crece con el director del SAME 107, Pablo Jure, quien impulsó una denuncia penal contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ante la presunta falta de cobertura médica a adultos mayores en Jujuy.
“Estamos muy preocupados por lo que ocurre con los jubilados y pensionados, que están siendo sometidos a un trato deficiente. Es una situación injusta que debe cesar de inmediato”, afirmó Fiad al término del encuentro.
Durante la reunión, los legisladores analizaron los convenios institucionales vigentes, así como los acuerdos prestacionales que la obra social mantiene con empresas privadas. Según se explicó, muchos de los servicios que deberían ser cubiertos por esos prestadores terminan siendo absorbidos por el sistema provincial de emergencias.
En ese marco, Fiad fue directo al señalar responsabilidades políticas: “El diputado Manuel Quintar está directamente relacionado con la lamentable situación del PAMI Jujuy, porque tuvo que ver con la designación del delegado en la provincia. En consecuencia, le cabe responsabilidad”. Y agregó que es deber del legislador nacional “velar por el buen funcionamiento de la obra social de los jubilados y pensionados a nivel local”.
Las palabras del dirigente radical no quedaron allí. Desde el bloque oficialista advirtieron que la causa que se sustancia en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación podría ir más allá del incumplimiento de prestaciones y eventualmente “echar luz sobre algún hecho de corrupción o decisión viciada de ilegalidad”.
En ese sentido, anticiparon que acompañarán y promoverán todas las acciones políticas, judiciales e institucionales necesarias para esclarecer responsabilidades y garantizar que los afiliados recuperen de manera urgente las prestaciones médicas correspondientes.
El conflicto por la atención de jubilados suma así un nuevo capítulo, con derivaciones que ya no se limitan al plano sanitario, sino que abren un frente político y judicial que promete escalar en los próximos días.


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