La judicialización del concurso para la concesión del restaurante del Cabildo sumó volumen político en las últimas horas. Mientras desde sectores opositores se intentó instalar un manto de sospecha sobre el procedimiento, fuentes confiables del Ministerio de Cultura y Turismo aseguraron que el proceso “se ajustó estrictamente al pliego aprobado y a la normativa vigente” y deslizaron que la controversia responde, en realidad, a la disconformidad de un oferente que no resultó adjudicado.
El Concurso de Precios fue tramitado mediante expediente administrativo formal, con resolución de aprobación, publicación de pliego y reglas previamente establecidas. Participaron seis oferentes locales -cinco SRL y un monotributista- y la adjudicación se realizó tras evaluación técnica, informe gastronómico específico y dictamen legal.
“La adjudicación fue debidamente fundada, con motivación técnica y jurídica suficiente. No hubo discrecionalidad ni arbitrariedad”, indicaron las fuentes a Jujuy Press.
Uno de los oferentes presentó impugnaciones luego de conocerse el resultado y posteriormente recurrió a la Justicia mediante una acción de amparo. Se trata de un empresario del rubro publicitario y gastronómico que manifestó públicamente su desacuerdo con el resultado del concurso.
Desde el Ministerio señalaron que dicha firma “participó voluntariamente, adquirió el pliego, presentó antecedentes y asistió al acto de apertura sin formular observación ni reserva alguna sobre el sistema de evaluación”. En términos administrativos, eso implica aceptación expresa de las reglas del proceso.
La impugnación fue tratada y rechazada por resolución fundada. Según se explicó, la empresa no interpuso el recurso jerárquico previsto en la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos dentro del plazo legal, lo que consolidó la firmeza del acto.
Los puntos en discusión
Entre los cuestionamientos difundidos, se insinuó que el adjudicatario no cumpliría con requisitos de experiencia. Desde la cartera aclararon que “la antigüedad en el rubro gastronómico está acreditada registralmente desde 2013”, cumpliendo con lo exigido en el pliego.
También se intentó instalar que la categoría tributaria del ganador sería un impedimento. “La ley no distingue por condición impositiva sino por capacidad técnica, solvencia y conveniencia de la oferta”, remarcaron a continuación.
En relación con la propuesta gastronómica, trascendió que el oferente impugnante había presentado un esquema comercial vinculado a una marca ya instalada a pocos metros del Cabildo, lo que planteaba interrogantes de viabilidad comercial. Además, según fuentes del proceso, su oferta económica y antecedentes no lo ubicaron entre las mejores puntuaciones, quedando relegado en el orden de mérito.
Por el contrario, el adjudicatario obtuvo mejor evaluación tanto por antecedentes como por canon ofrecido e inversión comprometida. “Ganó por precio y por propuesta integral”, resumieron desde el área técnica.
Judicialización y clima político
La acción de amparo presentada busca retrotraer el proceso pese a que los actos administrativos se encuentran firmes y el contrato de concesión fue suscripto el 28 de enero de 2026. Desde el Ministerio recordaron que el amparo es una vía excepcional y no procede cuando existen remedios administrativos que no fueron agotados.
“La mera disconformidad con el resultado no transforma un procedimiento regular en irregular”, sostuvieron.
En paralelo, algunos medios amplificaron la controversia en clave de sospecha generalizada. Sin embargo, en el expediente administrativo constan todas las etapas del proceso: pluralidad de oferentes, reglas claras, evaluación documentada y resoluciones fundadas.
En contrataciones públicas, la transparencia se mide por el cumplimiento de las reglas preestablecidas. Y según sostienen desde el área responsable, en este caso “las reglas fueron claras, el procedimiento fue público y las decisiones estuvieron debidamente fundamentadas”.
La discusión ahora seguirá en sede judicial. Mientras tanto, el servicio turístico continúa su curso bajo un contrato vigente, en un proceso que, más allá del ruido político, cuenta con respaldo técnico y administrativo documentado.
jujuypress.com 
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