La crisis institucional en Fraile Pintado sumó un nuevo capítulo: el intendente José “Ruly” Cardozo notificó por escrito a la presidenta del Concejo Deliberante, Melisa Russito, que la apertura de sesiones ordinarias 2026 no se realizará el 1° de marzo, sino el 1° de abril, y que el acto se llevará a cabo fuera del recinto legislativo, en el Club Defensores de Fraile Pintado. La decisión encendió alertas porque la Constitución de Jujuy reformada en 2023 establece expresamente que los Concejos Deliberantes sesionan en período ordinario “desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre” (art. 207 inc. 5), por lo que, si el Ejecutivo insiste en sostener otro inicio, podría quedar expuesto a cuestionamientos políticos y jurídicos de máxima gravedad, incluso a un eventual pedido de juicio político por presunta violación de la Constitución.
La notificación municipal -registrada con sello de ingreso en el Concejo- fundamenta el corrimiento de la fecha en la vigencia de la Ley Orgánica de Municipios y en una interpretación sobre el régimen municipal, al tiempo que argumenta razones de “capacidad” del edificio del Concejo para albergar a vecinos. En ese marco, el intendente comunica que el mensaje de apertura del período de sesiones ordinarias se realizará el 1 de abril a las 9 en el Club Defensores.
Sin embargo, el punto central del conflicto no es el lugar del acto, sino la fecha: la Constitución provincial fija el inicio del período ordinario el 1° de marzo, y esa norma tiene jerarquía superior a una ley provincial anterior, aun cuando esa ley no haya sido modificada formalmente. En términos simples: si hay contradicción entre una ley y la Constitución, prevalece la Constitución.
En paralelo, desde el Concejo Deliberante sostienen que la apertura debe encuadrarse en el calendario constitucional y que cualquier discusión logística (recinto pequeño, convocatoria de vecinos o lugar alternativo) no habilita a modificar el período fijado por la Carta Magna. En otras palabras: puede discutirse dónde, pero no cuándo, porque el “cuándo” ya lo define la Constitución.
Un conflicto político previo que ya llegó a la Justicia
El debate se da en un clima institucional especialmente tenso, atravesado por disputas internas del peronismo local y por decisiones recientes que impactaron de lleno en la convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. De hecho, hace pocos días la Suprema Corte de Justicia de Jujuy hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó al municipio abstenerse de retener o interrumpir el pago de haberes del personal del Concejo Deliberante, en el marco de un conflicto de poderes en trámite.
Con ese antecedente, la discusión por la apertura de sesiones deja de ser un asunto protocolar: se convierte en un nuevo foco de choque institucional, con implicancias jurídicas concretas. Si el Ejecutivo pretendiera imponer un calendario ajeno al texto constitucional o condicionar el funcionamiento del Concejo por vía de hechos, podría abrirse un escenario de denuncia por incumplimiento de deberes constitucionales y un eventual pedido de responsabilidad política.
Qué puede pasar ahora
Si el Concejo decide mantener el criterio constitucional y sesionar desde el 1° de marzo, y el Ejecutivo persiste en sostener el 1° de abril como “inicio”, el municipio podría entrar en una zona de conflicto formal: una interpretación basada en ley versus una norma constitucional expresa. En ese escenario, es probable que el tema vuelva a escalar a instancias judiciales o derive en pedidos de intervención institucional para resguardar la división de poderes.
La discusión de fondo, señalan actores locales, no es el tamaño del recinto ni el lugar del acto: es si la Constitución reformada se cumple o se relativiza según conveniencias políticas. Y en una etapa donde el conflicto ya dejó decisiones judiciales sobre la mesa, el margen para forzar otras interpretaciones parece cada vez más estrecho.
A continuación, las notas del intendente y la respuesta del Concejo:
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