El proyecto de ley presentado por el diputado Luis Federico Canedi, del bloque La Libertad Avanza, para declarar la Emergencia en Seguridad Pública en Jujuy revela un enfoque que, lejos de fortalecer el sistema de seguridad, se basa en un ajuste interno sobre la propia fuerza policial y en la creación de nuevas estructuras burocráticas de control.
La iniciativa propone declarar la emergencia por dos años y ordenar un relevamiento integral del personal policial y penitenciario con el objetivo de eliminar custodias políticas y reasignar efectivos a tareas de patrullaje. En los hechos, el núcleo de la propuesta consiste en revisar la distribución del personal y modificar destinos laborales dentro de la fuerza.
Ese punto es considerado el aspecto más sensible del proyecto, ya que la llamada “emergencia” termina traduciéndose en un control de planillas de funciones y destinos del personal policial. Lejos de ofrecer alivio o mejores condiciones para los efectivos, la iniciativa apunta a intervenir en uno de los aspectos más delicados de la vida profesional de los policías: su destino laboral.
En otras palabras, el esquema que proponen los libertarios para enfrentar la inseguridad comienza por ajustar a la propia policía.
El proyecto también plantea prohibir durante la vigencia de la emergencia nuevos aportes o inversiones del Estado provincial en sociedades estatales como JEMSE o Cannava, redirigiendo esos recursos hacia un plan extraordinario de seguridad.
Sin embargo, la propuesta resulta extemporánea frente al escenario actual de la provincia. El Gobierno de Jujuy ya impulsa un esquema de reorganización y eventual venta total o parcial de acciones en algunas empresas estatales, pero con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de los jujeños y fortalecer el desarrollo productivo. La seguridad pública, en cambio, ya cuenta con partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura provincial y que se ejecutan estrictamente dentro del presupuesto vigente.
A ello se suma otro elemento del proyecto que despierta cuestionamientos: la creación de una Comisión de Investigación y Seguimiento de la Emergencia en Seguridad dentro de la propia Legislatura.
En lugar de simplificar el funcionamiento del sistema, la iniciativa propone agregar otra instancia de control político y administrativo, profundizando la burocracia en un esquema institucional que ya cuenta con mecanismos de supervisión interna y legislativa.
Para analistas del escenario político provincial, el proyecto forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para instalar agenda en materia de seguridad como plataforma política de cara a la disputa por la gobernación en 2027.
El problema es que, detrás del discurso de emergencia, el plan libertario para la seguridad aparece centrado en revisar planillas policiales, reordenar destinos laborales y recortar recursos mientras se crean nuevas comisiones legislativas.
Si ese es el diagnóstico y la propuesta que tienen para enfrentar la inseguridad en Jujuy, inevitablemente surge una pregunta más amplia: qué tipo de plan imaginan para gobernar una provincia.
jujuypress.com 
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