Zigarán presentó un proyecto para rechazar la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” del Gobierno nacional

BUENOS AIRES.– La diputada nacional por Jujuy María Inés Zigarán presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración para expresar el rechazo a la creación, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina”, un canal oficial anunciado para desmentir o señalar presuntas falsedades difundidas en redes sociales.

Según explicó la legisladora, la iniciativa busca fijar una posición institucional del Congreso frente a una medida que –advirtió- podría afectar principios vinculados a la libertad de expresión y de prensa.

“El Estado no puede convertirse en árbitro de lo verdadero y lo falso dentro de la discusión pública. En una república, el control del poder lo ejerce la ciudadanía a través de una prensa libre, no el Gobierno mediante un mecanismo de señalamiento oficial”, sostuvo Zigarán.

El proyecto también plantea interrogantes sobre el funcionamiento del nuevo dispositivo oficial, al señalar que no se informó su estructura orgánica, autoridad responsable, competencias ni presupuesto asignado.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada recordó que la libertad de expresión está garantizada por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional.

En ese marco, señaló que la normativa internacional prohíbe las restricciones indirectas a la libertad de expresión, incluidas aquellas que puedan generar efectos intimidatorios o inducir a la autocensura.

“La comunicación institucional del Estado es legítima. Lo que resulta problemático es que el Gobierno diseñe un esquema para desautorizar o desacreditar contenidos críticos utilizando recursos públicos”, indicó.

Zigarán sostuvo además que la creación de esta oficina se produce en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores del periodismo, lo que -según consideró- exige reforzar las garantías institucionales vinculadas al debate público.

Finalmente, convocó a los distintos bloques parlamentarios a acompañar el proyecto al entender que “la defensa de la libertad de expresión no admite ambigüedades y el Congreso tiene la responsabilidad de fijar una posición clara cuando están en juego principios republicanos básicos”.