La insistencia en instalar el relato del “jujeñazo” no solo tergiversa los hechos de junio de 2023 en Jujuy, sino que encubre un intento violento y coordinado de desestabilización institucional, frente al cual el Estado tenía la obligación de actuar.
Hay algo que resulta básico en cualquier democracia: existe una cadena de mando. Y existe, precisamente, para garantizar que las fuerzas de seguridad actúen cuando el orden público está en riesgo. Pretender ahora que esa cadena es en sí misma sospechosa no es un aporte a la verdad, sino un intento burdo de criminalizar al Estado por cumplir su función esencial.
Lo que deliberadamente omiten en estos planteos los medios con delirios destituyentes y los abogados de los amos del caos jujeños, es el contexto real de aquellos días. El 20 de junio -y en jornadas previas y posteriores- no hubo una protesta pacífica. Hubo ataques directos a la Legislatura provincial en el momento en que se debatía una reforma constitucional que finalmente fue aprobada. Hubo pedreas sistemáticas, incendios de vehículos, destrozos en oficinas públicas, agresiones a Casa de Gobierno y desmanes en distintos puntos de la capital. El centro de San Salvador quedó cubierto de piedras, basura y restos de violencia.
En simultáneo, se registraban cortes totales de rutas nacionales en distintos puntos de la provincia, sin intervención efectiva del gobierno nacional de entonces. En Purmamarca, la situación alcanzó niveles aún más graves: una lluvia persistente de piedras contra efectivos policiales, con agentes heridos, obligó a una respuesta que cualquier Estado responsable hubiera ordenado. No se trató de represión arbitraria, sino de la contención de un escenario potencialmente letal.
Llamar a eso “jujeñazo” es, en el mejor de los casos, un ejercicio de cinismo. En el peor, una operación política. Se intenta romantizar un proceso que tuvo componentes claramente violentos y que fue alentado por sectores del kirchnerismo residual, la izquierda y grupos que históricamente han recurrido a la confrontación como método. No fue una gesta popular: fue un intento de imponer por la fuerza lo que no se lograba en el plano institucional.
En ese marco, las declaraciones de la abogada Silvana Llañes y de otros referentes no resisten el menor análisis serio. Hablar de “falta total de objetividad” mientras se omite sistemáticamente la violencia desplegada es, cuanto menos, una posición sesgada. Plantear que hay “apenas 34 policías imputados” sin mencionar que ninguno de los responsables materiales de los destrozos y ataques está preso, revela una vara selectiva que no busca justicia, sino construir un relato.
Más grave aún es afirmar que no existían protocolos o lineamientos. Es falso. Las fuerzas de seguridad cuentan con formación específica y órdenes claras para intervenir en situaciones de alteración del orden público. Negarlo no solo es incorrecto, sino funcional a la narrativa de desgobierno que se intentó instalar en aquel momento.
También resulta llamativo el uso liviano de conceptos como “patrón de actuación” a partir de casos aislados, sin poner en la balanza el verdadero patrón de esos días: la violencia organizada, sostenida y dirigida contra instituciones democráticas.
Detrás de este tipo de discursos no hay una búsqueda genuina de verdad o justicia. Hay una construcción política que intenta invertir los roles, transformando a quienes defendieron el orden en culpables y a quienes promovieron el caos en víctimas. Es una inversión peligrosa, porque erosiona los fundamentos básicos de la convivencia democrática.
Jujuy no vivió un “jujeñazo”. Vivió un intento de ruptura del orden institucional que fue contenido. Y eso, lejos de ser un problema, es precisamente lo que se espera de un Estado que funciona.
jujuypress.com 
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