Por César Argañaraz
En los días finales de 2023, tras dejar la Gobernación, compartí un café con Gerardo Morales. En esa charla le dije que el clima duro que se vivía era consecuencia de haber impulsado un cambio real, de haber roto el statu quo de un Jujuy que durante años estuvo aletargado. “El tiempo va a poner las cosas en su lugar”, le dije. “El tiempo va a ser el juez”.
Pasaron casi dos años y medio. Y hoy esa idea no solo se sostiene: se confirma.
Gerardo Morales será recordado, si no como el mejor, como uno de los gobernadores más importantes de la historia de Jujuy. No solo por las obras o las decisiones de gestión, sino por algo más profundo: haber instalado un nuevo modelo de provincia.
Durante mucho tiempo, los jujeños vivimos con la cabeza gacha. Éramos conocidos por el conflicto permanente, los cortes de ruta, el desorden y la corrupción. Esa era la marca de una provincia tomada por los intereses del kirchnerismo y Milagro Sala que nada tenían que ver con el bienestar de la gente.
Uno de los mayores logros de esa etapa fue revertir eso. Recuperar la dignidad. Volver a decir “soy jujeño” con orgullo. Ese cambio, aunque intangible, es probablemente el más importante de todos.
¿Por qué volver sobre esto hoy? Porque este viernes 24 de abril hay elecciones en el Colegio de Abogados de Jujuy para elegir a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura. Y en ese hecho concreto se ve, con claridad, cómo el tiempo empieza a ordenar la verdad.
La reforma constitucional de 2023 -impulsada y encabezada por Morales- incorporó el Consejo de la Magistratura y dio un paso decisivo hacia la democratización de la Justicia. Antes, los jueces se definían en acuerdos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No había concursos, no había evaluación, no había exposición pública de antecedentes ni proyectos.
Ese esquema empezó a cambiar en 2015, con la implementación de concursos para la selección de magistrados. Y se consolidó con la reforma, que fortaleció institucionalmente el sistema y amplió la participación, incorporando también al Colegio de Abogados en un órgano clave para garantizar representatividad, pero también independencia, control y transparencia.
El Consejo de la Magistratura no solo selecciona jueces, fiscales y defensores. También controla su desempeño y puede sancionarlos. Porque cuando la justicia es lenta o ineficaz, deja de ser justicia.
Todo esto no es casualidad. Es el resultado de una decisión política.
En su momento, hubo quienes intentaron deslegitimar la reforma diciendo que buscaba habilitar una re-reelección. Sin embargo, Morales propuso limitar los mandatos a cuatro años con una sola reelección para cargos legislativos y ejecutivos. Tenía los números para avanzar en otra dirección, pero eligió no hacerlo. Fue una definición republicana, no discursiva, sino concreta.
También se dijo que la reforma quitaba derechos. Ocurrió exactamente lo contrario: amplió derechos, incorporó nuevas garantías y fortaleció instituciones. Entre ellas, la ficha limpia, que impide que personas condenadas puedan ser candidatas y refugiarse en los fueros.
Y aquí aparece el dato más revelador del presente: quienes denunciaban la reforma hoy participan activamente en el proceso para integrar el Consejo de la Magistratura.
No lo dicen, pero lo hacen. Y al hacerlo, la validan.
Eso también es el tiempo poniendo las cosas en su lugar.
La democratización de la Justicia en Jujuy no es una consigna abstracta. Es una transformación concreta que impacta en la vida cotidiana de la gente. Porque sin una Justicia independiente, no hay seguridad jurídica, no hay igualdad ante la ley y no hay verdadera libertad.
Mientras algunos se limitan a declamar la libertad como consigna vacía, en Jujuy la libertad toma forma concreta en instituciones que funcionan.
Y eso, aunque no siempre se vea, es lo que verdaderamente cambia una provincia.

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