Como respuesta directa a la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de una docena de establecimientos educativos, el Ministerio de Educación de la Provincia dispuso una estricta regulación del uso de celulares en las aulas. La medida, que rige para todos los niveles, busca frenar la propagación de mensajes intimidatorios y garantizar el orden en el proceso de enseñanza. El dispositivo electrónico dejará de estar en manos del alumno para pasar a ser una herramienta exclusivamente pedagógica bajo control docente, en un claro movimiento para devolver la paz social a la comunidad educativa.

La resolución ministerial unifica criterios en todo el territorio jujeño, luego de que instituciones como la Escuela Técnica Herminio Arrieta en Libertador General San Martín tomaran medidas drásticas de forma autónoma. Desde este lunes 27, los teléfonos deberán permanecer guardados o bajo resguardo de las autoridades escolares durante la jornada, permitiéndose su uso solo en casos donde el docente lo requiera para tareas específicas. Esta política de «celular cero» apunta a desarticular el clima de psicosis colectiva que se generó por las falsas amenazas viralizadas en redes sociales.
El Ministerio Público de la Acusación ya advirtió que las sanciones para quienes difundan mensajes de odio o falsas amenazas no son un juego: las penas por intimidación pública llegan hasta los 6 años de cárcel. Con esta normativa, se busca que las escuelas de la Puna, los Valles, la Quebrada y las Yungas vuelvan a ser espacios de formación y no centros de viralización de miedos infundados.

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