En un despliegue territorial que abarca desde la Puna hasta las Yungas, el Gobierno de Jujuy consolidó en lo que va del año la seguridad jurídica de más de 400 familias a través de la entrega de escrituras y certificados de adjudicación. Bajo la premisa de que el lote fiscal es “un derecho para la vivienda y no una mercancía para el lucro”, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) ya recuperó 26 terrenos que se encontraban deshabitados o eran objeto de estafas, enviando un mensaje contundente: en Jujuy la tierra pública se respeta y el Estado garantiza el arraigo frente a la especulación de los delincuentes.
El plan estratégico «Mi lote, en regla» no se ha detenido desde que fue creado por la gestión de Gerardo Morales y marca una diferencia abismal con el caos de usurpaciones que se observa en otros puntos del país. Solo en los primeros meses de 2026, la gestión provincial otorgó 105 constancias de ocupación y 191 certificados de adjudicación en sectores críticos de la capital y el interior, como San Pedro, Perico y Fraile Pintado.
Según detalló el titular de la SECOTyH, Eduardo Cazón, este proceso de regularización dominial es una política de Estado que busca transformar al ocupante en dueño, brindando la tranquilidad legal necesaria para que cada familia jujeña pueda proyectar su hogar de forma definitiva.
Sin embargo, este ordenamiento tiene una contraparte inflexible para los infractores. El control y recupero de lotes es permanente: cuando los agentes detectan que una propiedad fiscal está deshabitada, o peor aún, que ha sido puesta en alquiler o venta (práctica que constituye un delito grave), el Estado interviene de inmediato. En este sentido, ya se iniciaron los procesos para recuperar más de 70 lotes en toda la provincia, de los cuales 26 ya volvieron a manos del Estado para ser entregados a familias que realmente cumplen con los requisitos de necesidad y arraigo.
El caso de La Quiaca es el ejemplo más claro de esta política de «tolerancia cero» ante el fraude. Gracias a un trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, se logró la detención de un estafador que falsificaba instrumentos públicos para comercializar tierras fiscales.
«Es un trabajo gradual que implica muchos recursos, pero avanzamos de manera sostenida», aseguró Cazón.
Mientras la seguridad jurídica avanza con la entrega inminente de otras 70 escrituras, se afianza el concepto de que la tierra fiscal en la provincia tiene una finalidad social exclusiva, y quienes intenten sacar provecho personal a costa del derecho de los demás, se encontrarán con un sistema que ordena y sanciona.
jujuypress.com 
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