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“Vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!”. Por esa amenaza, Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la provincia de Jujuy a un hombre llamado Franco Oscari. Está acusado del delito de amenazas de muerte contra la senadora nacional Patricia Bullrich. El operativo, supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se concretó tras una exhaustiva investigación tecnológica y de campo.
La causa penal se inició a partir de la detección de un mensaje intimidatorio enviado a través de una conocida plataforma de mensajería social, donde se agredía a la legisladora con la frase: “vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!” (sic). Ante la gravedad del hecho, la División Delitos Constitucionales de la PFA comenzó las tareas investigativas bajo las directivas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ariel Lijo.
El entrecruzamiento de datos públicos, privados y sistemas policiales en entornos digitales permitió identificar al titular de la cuenta. Posteriormente, las tareas de inteligencia territorial determinaron que el sospechoso, identificado como Franco Oscari, se encontraba en la localidad de Palma Sola, departamento de Santa Bárbara, precisamente en un inmueble ubicado en los monoblocks “Las Goteras”, a la altura de la Ruta Provincial N° 25.
Con estos datos, el Juzgado Federal de Jujuy N° 1, subrogado por el Dr. Esteban Eduardo Hansen, y la Secretaría Penal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Galli, libraron la orden de allanamiento. En el procedimiento, que contó con el apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, se logró la detención del implicado y el secuestro de su teléfono celular, elemento que será peritado como material de prueba clave para la causa caratulada como «Amenazas».
Por su parte, tras conocerse la detención, organizaciones sociales y políticas que habitualmente recurren a la protesta y a metodologías de acción directa salieron a repudiar el accionar judicial. Agrupaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y sectores vinculados a la extrema izquierda denunciaron el operativo como un presunto acto de persecución política, argumentando que el detenido es un militante de su sector, e iniciaron convocatorias de movilización frente a la dependencia policial para exigir su liberación.
