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El intento de resucitar en la agenda pública a fuerza de sensacionalismo berreta, acaba de chocar contra una pared legal. A través de una terminante carta documento firmada por su presidente, Ignacio Ezequiel Bruera, la empresa estatal CANNAVA S.A.U. desmanteló la opereta mediática que montó la militante libertaria Cristina Guzmán, quien en los últimos días intentó presentar un predio de investigación científica ubicado en Finca El Remate (Palpalá) como una supuesta «marihuanera clandestina».
El golpe jurídico fue letal para el relato de la dirigente. Lejos de la clandestinidad insinuada en sus videos caseros, quedó claro que las cinco naves de Finca El Remate operan bajo habilitaciones estrictas de la ANMAT y del Ministerio de Salud de la Nación, destinadas a la conservación de germoplasma, selección varietal y mejoramiento genético de cannabis farmacéutico. El documento intimatorio deja en evidencia que Guzmán o desconoce por completo las leyes que regulan la salud pública y la biotecnología, o montó una mentira deliberada para capturar titulares apelando a su típico vocabulario oscurantista.
El texto de la intimación desarmó la acusación punto por punto, advirtiéndole a la disparatada militante que sus dichos mediáticos representan una maniobra desinformativa: «Le hago saber con carácter fehaciente que sus aseveraciones sobre la inexistencia de habilitaciones o autorizaciones para las actividades desarrolladas por CANNAVA en la Finca El Remate son falsas y susceptibles de generar confusión en la población sobre la legalidad y normalidad de la actividad de esta empresa», sentenció Bruera en la notificación.
Frente al acting de la exlegisladora menemista, que buscó presentar cinco naves cerradas como una irregularidad, la conducción de la sociedad estatal detalló la naturaleza estrictamente científica del predio: «Las instalaciones ubicadas en la Finca El Remate, departamento Palpalá, a las que usted se refiere como la marihuanera 2, forman parte de CANNAVA. En dicho predio, la empresa desarrolla actividades de investigación, conservación de germoplasma, mejoramiento genético y selección de variedades de cannabis con fines medicinales adaptadas a las condiciones de la provincia de Jujuy».
En el mismo sentido, la intimación derrumba la acusación de clandestinidad al certificar que «estas actividades cuentan con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes y se desarrollan dentro del marco normativo aplicable al cannabis medicinal».
El documento enviado a Guzmán añade un recordatorio técnico elemental sobre los estándares de control que rigen al complejo: «CANNAVA produce derivados de cannabis de calidad farmacéutica bajo las exigencias sanitarias y los controles correspondientes, con las habilitaciones de ANMAT, del Ministerio de Salud de la Nación y de los demás organismos competentes, según el alcance de sus respectivas atribuciones». Por ello, concluyó Bruera, «la existencia de cultivos e instalaciones destinados a esas finalidades no constituye una actividad clandestina ni carente de autorización».
De lo afirmado por Bruera, entre otros conceptos, se desprende que CANNAVA no va a admitir que desde un sector marginal de La Libertad Avanza o cualquier otro sector político, se ensucie gratuitamente a la primera empresa estatal de cannabis medicinal del país que transformó a la provincia en un polo biotecnológico pionero, enfocado en el desarrollo de fármacos de alta complejidad para patologías como la epilepsia refractaria y el dolor crónico. Y que el show mediático encuentra sus límites cuando se trata de defender la salud de niños y familias jujeñas, algo que no entraría en los cálculos políticos de los fanáticos mileistas jujeños.
