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“La salud en la Argentina es una responsabilidad primaria de las provincias”, disparó sin titubeos el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, durante la clausura del V Congreso de COSSPRA en Puerto Iguazú. Escudado en ese argumento de corte constitucional, el funcionario ratificó la doctrina que potenció la irritación de los distritos del interior.

Para Lugones, el Estado nacional tiene meramente una función de coordinación, mientras aplica el recorte del histórico programa Remediar, obligando a los distritos a asumir con sus propios recursos la compra de los medicamentos básicos para la atención primaria.
La precariedad con la que la cartera nacional aborda la crisis quedó expuesta al ser consultado por la continuidad de la Emergencia Sanitaria. Lejos de ofrecer certezas, Lugones dejó una definición ambigua que hizo explotar las alarmas: “Estamos trabajando para que el sistema no se caiga; si encontramos las herramientas, las sacamos”.
Frente a este repliegue, el presidente de COSSPRA, Carlos Funes, cruzó los cuestionamientos de la Casa Rosada desmintiendo de plano que las obras sociales provinciales funcionen como “cajas políticas” y advirtió que el debate no pasa por ajustar a ciegas.
“El problema nunca fue cuánto se gasta, sino cómo se gasta”, reclamó Funes, exigiendo que Nación coparticipe los impuestos específicos del sector para no ahogar financieramente a los distritos.
Según coincidieron los delegados provinciales, la postura del ministerio nacional raya la provocación si se la mira desde jurisdicciones como Jujuy. Mientras el mileísmo hoy se desentiende de sus obligaciones esenciales, la provincia ejecutó durante la pandemia la mayor inversión sanitaria de su historia, incorporó personal de salud y construyó una red de cobertura territorial que brinda medicamentos y tratamientos gratuitos para los sectores más vulnerables.
Mientras la Nación sigue transfiriendo responsabilidades operativas, quita fármacos esenciales y se queda con la recaudación impositiva, las provincias garantizan como pueden la atención de la gente. Este abandono deliberado traslada todo el costo del ajuste a los territorios del interior.