Fiscalía de Estado aclaró que las intimaciones administrativas no son órdenes de desalojo

Fiscalía de Estado de la Provincia brindó precisiones técnicas sobre el alcance de las intimaciones extrajudiciales que viene realizando en distintas regiones del territorio jujeño. El objetivo primordial del organismo es desarticular versiones distorsionadas y llevar tranquilidad a los residentes, aclarando que estas notificaciones forman parte de un proceso legal obligatorio para proteger el patrimonio público y no constituyen, bajo ningún punto de vista, mandamientos judiciales de expulsión.

Desde el organismo subrayaron que estas actuaciones se ejecutan de manera uniforme cada vez que ingresan pedidos de prescripción adquisitiva sobre inmuebles de titularidad estatal ante la Dirección Provincial de Inmuebles. En este contexto, es un deber legal del Estado emitir intimaciones extrajudiciales de cese de ocupación para resguardar el dominio público, conforme a lo previsto en la Ley Número 2995/73 y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se resaltó que estas notificaciones no poseen la naturaleza de una orden judicial de desalojo. Se trata de un trámite administrativo que el Estado realiza para ejercer su facultad como propietario, reivindicar derechos sobre sus bienes y garantizar que cualquier proceso de ocupación se encuadre en el marco de la ley.

Estos controles de regularización se replican con el mismo criterio en toda la provincia, habiéndose registrado actuaciones recientes en Palpalá, San Antonio, el Ramal, y diversas localidades de la Puna y la Quebrada.

Días pasados, las autoridades de la Fiscalía de Estado y la Procuración del Tesoro mantuvieron una audiencia directa con familias que habían sido notificadas para clarificar la situación y evitar que sectores opositores agiten a la comunidad con información falsa. Durante el encuentro, se dejó constancia de que el proceso busca el ordenamiento territorial y no el perjuicio de quienes habitan la tierra de manera legítima.

Las autoridades informaron que, en los casos donde se acredite la posesión real, se dará continuidad al ordenamiento administrativo y las actuaciones serán remitidas a los organismos pertinentes para iniciar el proceso de regularización correspondiente.

Con esta precisión, el Estado ratificó que las medidas responden estrictamente al cumplimiento de sus deberes legales para la preservación de los bienes de todos los ciudadanos, manteniendo siempre canales abiertos para que cada situación particular se resuelva bajo el marco del ordenamiento vigente.