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La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura profundizó el análisis del proyecto de Ley de Juventudes, de autoría del diputado justicialista Martín Fellner, con una fuerte advertencia sobre su viabilidad técnica. En una reunión que sumó el aporte de la DiPEC y especialistas académicos, se buscó establecer bases estadísticas reales para evitar que la iniciativa se convierta en una herramienta de propaganda y carezca de impacto concreto en el territorio jujeño.
El eje del debate cuestionó implícitamente el origen de la propuesta. “Lo ideal es tomar decisiones con datos para luego medir los impactos; que una ley no termine siendo una campaña de marketing, sino que tenga un impacto significativo”, sentenció Laura Tomé, presidenta de la comisión, marcando una distancia crítica respecto al proyecto del hijo del ex gobernador Fellner.
Para sustentar esta postura, la DiPEC puso a disposición sus equipos técnicos con el fin de cruzar datos del Censo 2022. La intención es que la ley no ignore las diferencias entre un joven que reside en San Salvador de Jujuy y uno que vive en Caimancito, donde las motivaciones y el acceso a derechos son distintos.
Desde el sector académico se coincidió en que la normativa debe ajustarse a parámetros internacionales que piensen a la juventud en tiempo presente. Sin embargo, el consenso en la comisión apunta a que cualquier beneficio para los jóvenes jujeños debe estar respaldado por la caja provincial y la estructura del Estado, priorizando la salud mental y el desarrollo productivo por sobre el simple enunciado de buenas intenciones.
El trabajo parlamentario continuará con el llamado a los ministerios de Desarrollo Humano y Trabajo para unificar criterios antes de su tratamiento. En este último encuentro estuvieron presentes la directora de la DiPEC, Norma Pereyra; el académico Juan Guzmán, y representantes de los distintos bloques que integran la Comisión de Asuntos Sociales.
