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Por César Argañaraz*
En la Argentina actual, los más indefensos —niños, jubilados y trabajadores— cargan con el peso de un ajuste que no eligieron.
Su silencio no es fruto de la indiferencia, sino de la vulnerabilidad.
Mientras las cifras macroeconómicas ocupan los titulares, las voces de quienes sufren las consecuencias quedan relegadas, invisibles en un debate que debería ponerlos en el centro.
María tiene 72 años y trabajó toda su vida como costurera.
Su jubilación apenas le alcanza para pagar los medicamentos que necesita, y cada vez que va al supermercado se enfrenta a precios que suben más rápido que su pensión.
No protesta, no sale a la calle: su silencio es el de quien no tiene fuerzas para gritar.
Juan, obrero de la construcción, perdió horas de trabajo con la caída de proyectos y ahora debe elegir entre pagar el alquiler o llenar la heladera.
Sus hijos, que deberían estar pensando en juegos y estudios, aprenden demasiado pronto lo que significa la incertidumbre.
Ellos no aparecen en los discursos oficiales ni en los gráficos de déficit fiscal.
Son los invisibles del ajuste, los inocentes que cargan con un sacrificio que nunca eligieron.
Su silencio no es indiferencia: es la consecuencia de un modelo que los deja sin voz.
En nombre de la “libertad” y la “austeridad”, el gobierno de Javier Milei
ha emprendido un ajuste económico que, lejos de ser neutro, golpea
con fuerza a quienes menos pueden defenderse: los niños, los jubilados y los trabajadores.
Las medidas de recorte en programas sociales, la reducción de subsidios y la liberalización abrupta de precios han generado un escenario en el que la inflación erosiona el poder adquisitivo de las familias.
Los jubilados, que dependen de ingresos fijos, ven cómo sus pensiones se vuelven insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Los trabajadores enfrentan salarios que no acompañan el ritmo de los aumentos, mientras la precarización laboral se expande.
Y los niños, que deberían ser prioridad en cualquier sociedad, sufren las consecuencias de la desnutrición, la falta de acceso a salud y educación de calidad.
El discurso oficial insiste en que “no hay plata”, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién paga realmente el precio de este ajuste? La respuesta es clara: los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen voz en los mercados ni poder de lobby en los despachos.
Una política económica que se mide solo en términos de déficit fiscal y reservas internacionales, sin considerar el impacto social, es una política incompleta y peligrosa.
Porque detrás de cada número hay vidas concretas, hay historias de esfuerzo y dignidad que hoy se ven amenazadas.
La verdadera libertad no puede construirse sobre la exclusión.
Un país que deja atrás a sus jubilados, que condena a sus trabajadores a la incertidumbre y que niega a sus niños un futuro digno, no avanza: retrocede.
La economía debe ser un instrumento para mejorar la vida de las personas, no para sacrificarla en nombre de dogmas.
Es hora de recordar que la justicia social no es un lujo, sino un derecho.Y que un modelo económico que ignora a los más vulnerables no es sostenible ni legítimo.
*Periodista
