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En una jornada inédita para la historia democrática de Jujuy, la Legislatura provincial interpeló este jueves al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas. Durante una extensa sesión, los diputados cuestionaron el manejo de fondos, contrataciones a familiares y su designación en el cargo, resolviendo remitir la versión taquigráfica a la Justicia penal.
El momento de mayor aspereza lo protagonizó el diputado Rubén Rivarola, quien fustigó con dureza a Posadas «por su manifiesta soberbia». Con un tono enérgico que resonó como una severa reprimenda patriarcal, el legislador lo increpó frontalmente en el recinto, dejando al titular de Turismo completamente apocado e inmóvil en su banca.
La tensión interna también se hizo visible desde la presidencia de la Cámara. El vicegobernador Alberto Bernis le reprochó en plena sesión la difusión de «encuestas truchas», en medio de los cortocircuitos políticos generados luego de que el funcionario planteara una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza.
Por su parte, el legislador Juan Manuel Soler, impulsor de la medida, impugnó la legitimidad del ministro por no reunir los dos años de residencia constitucional tras su postulación en Salta en 2017. «Suena que en este Ministerio no hay negocio, licitaciones o espectáculos donde no tengan algún grado de participación», alertó.
Desde el bloque oficialista, Diego Rotela remarcó que las contrataciones a familiares directos son inadmisibles: «Alguien nos está mintiendo, alguien no está diciendo la verdad y eso va a tener consecuencias en el plano jurídico». En esa misma línea, el diputado Santiago Jubert reclamó una exhaustiva investigación para garantizar la transparencia.
Las cuentas del recital de La Renga desataron fuertes cruces económicos. El diputado Martín Fellner advirtió sobre la falta de respaldo documental y denunció un faltante sustancial: «Las cuentas que hacemos en función de los visitantes dan una diferencia de 5.000 a 6.000 millones de pesos que no cierra».
A los cuestionamientos se sumó la diputada Laura Tomé Gámez (LLA), quien apuntó a las carpas montadas en el predio y exigió conocer quiénes fueron los oferentes y cuánto le costó a la provincia, mientras que Gastón Remy denunció notorias inconsistencias en las ganancias y cuestionó la cesión gratuita de la Ciudad Cultural.
En su descargo, Posadas afirmó contar con el respaldo del gobernador y sostuvo que su patrimonio se encuentra totalmente auditado. Sobre la contratación de su esposa, Valentina Moisés, admitió pagos estatales para shows infantiles aunque alegó que «está normativamente permitido y fue la única vez contratada por un ministerio».
Tras la moción impulsada por el diputado Canedi y avalada por la presidencia del cuerpo, los 45 legisladores presentes determinaron remitir la totalidad de la versión taquigráfica a la fiscalía de turno para que se investigue la presunta comisión de delitos en la administración pública.
