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A horas de que comience el juicio oral por el escándalo en el Juzgado Contravencional N° 1, la maquinaria de propaganda residual del kirchnerismo y la Tupac Amaru activó una desesperada maniobra de intoxicación mediática. A través de portales que históricamente respondieron a los intereses de Milagro Sala, intentan reciclar las mentiras de un delincuente común para montar un libreto de supuesta persecución política y disparar contra la credibilidad institucional de la provincia.
Pero detrás del blindaje con el que buscan victimizar al procesado Matías Darío Yebara, los expedientes judiciales cuentan una historia muy distinta: la de un estafador serial, cesanteado de las fuerzas de seguridad, deschavado por sus propios teléfonos y dispuesto a inventar cualquier fabulación para zafar del penal. De hecho, según confirmó oficialmente el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA), aunque declaró como supuesto «imputado colaborador», sus testimonios no aportaron ningún elemento de relevancia para la causa ni pudieron ser corroborados.
Para comprender la nula credibilidad de Yebara, basta remitirse a la causa penal originaria que lo puso tras las rejas, donde actualmente cumple una pena firme de 7 años de prisión efectiva:
-Metodología del chantaje: Yebara, antes de la causa del Contravencional, ya conocía los pasillos judiciales, donde había sido imputado por chantaje reiterado. Según las denuncias, su modus operandi consistía en mantener encuentros íntimos con hombres, fotografiarlos sin su consentimiento o en situaciones privadas, y luego exigirles sumas de dinero bajo amenaza explícita de divulgar el material y destruir sus vidas personales y familiares.
-Fraude a la probation: Ante la contundencia de las pruebas, la justicia le concedió una suspensión del juicio a prueba (probation) sujeta al cumplimiento estricto de tareas comunitarias no remuneradas. Lejos de cumplir esa manda judicial, Yebara adulteró de puño y letra las planillas de asistencia para simular un trabajo que jamás hizo. Cuando los peritajes confirmaron la falsificación del instrumento público, la justicia le revocó el beneficio de inmediato y lo condenó por uso de documento falso y estafa procesal, acumulando los 7 años de condena firme que purga en el penal.
Un policía cesanteado que operaba su propia banda
La causa contravencional, investigada por el fiscal Diego Funes a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública sobre maniobras cometidas entre enero y agosto de 2024, no se conoció porque alguien confesó, sino cuando los peritos abrieron el celular secuestrado a Yebara tras su detención. Lo que el Ministerio Público de la Acusación encontró adentro fue el registro minucioso de una pyme delictiva montada a espaldas de la ley junto a sus cómplices, en un esquema que suma ocho acusados y donde tres de ellos ya reconocieron formalmente su culpabilidad mediante juicios abreviados homologados:
-Expedientes borrados a pedido: El exsuboficial cobraba coimas para hacer desaparecer causas por alcoholemia positiva y retención de rodados, utilizando sellos apócrifos y firmas truchas para devolver vehículos secuestrados, haciéndoles creer a los infractores que realizaban pagos legales o falsas «donaciones» a instituciones públicas, tras lo cual destruían directamente los legajos.
-Triangulación clandestina: El dinero de las multas paralelas nunca ingresó al Estado; era transferido a billeteras virtuales y cuentas particulares de una red de cómplices civiles y administrativos que cobraban comisiones directas por el encubrimiento, motivo por el cual Yebara llega a juicio señalado como cabecilla no solo por fraude, sino también por el delito de lavado de activos agravado.
-Despedido del Estado: Yebara llevaba más de dos años en situación de cesantía en la Policía de la Provincia. No formaba parte activa de la fuerza, no cobraba haberes policiales ni respondía a jerarquía alguna dentro del organigrama gubernamental.
En los miles de mensajes, chats de WhatsApp, audios y cruces bancarios auditados por la fiscalía no existe ni un solo indicio, orden, firma ni desvío de fondos hacia ministros del Poder Ejecutivo y, mucho menos, hacia funcionarios legislativos.
El libreto tupaquero: relato falso y nostalgias de impunidad
Las acusaciones que se hicieron desde los medios tupaqueros y sus satélites no tienen anclaje jurídico; responden a un guion de provocación política. Incapaces de recuperar terreno y conscientes del rechazo social que aún genera en Jujuy el modelo de apriete, esos sectores buscan amplificar las difamaciones de un convicto por extorsión para intentar condicionar la paz social y sembrar sospechas donde solo hay delitos comunes.
Detrás de esta maniobra opera el resentimiento de quienes jamás toleraron el final del reinado del terror de Milagro Sala, ni la pérdida de la hegemonía marcada históricamente por una estrecha connivencia con el narcotráfico territorial y el descontrol en los barrios. Se trata, en definitiva, de la reacción furiosa de la misma matriz tupaquera residual que añora su antigua impunidad y pretende socavar la lucha contra las mafias inventando mártires berretas.
El próximo 12 de noviembre, cuando comiencen las audiencias del juicio oral, se terminarán los relatos de ficción y en el banquillo de los acusados estará sentado este delincuente común para responder por sus estafas, mientras Jujuy ratifica que no hay marcha atrás hacia el pasado de la impunidad.
