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El diputado provincial Santiago Jubert (Jujuy Crece) cuestionó con dureza las iniciativas de La Libertad Avanza destinadas a recortar el sistema de seguridad oficial en la provincia, calificándolas de «incoherentes» frente al millonario despliegue de recursos que el Gobierno nacional utiliza en Buenos Aires. El legislador expuso que, mientras la provincia realiza enormes esfuerzos para sostener su estructura frente al ahogo financiero de Milei, Presidencia administra los operativos de custodia más costosos de los últimos años, que incluyen el uso irregular de la Policía Federal para beneficio de familiares de funcionarios nacionales.
La discusión local sobre el gasto en seguridad instaló una evidente contradicción política y puso bajo la lupa los privilegios de la nueva «casta» libertaria. Al respecto, el legislador jujeño detalló que los traslados diarios del presidente Javier Milei desde la quinta de Olivos hasta la Casa Rosada movilizan decenas de vehículos blindados, motos de escolta y ambulancias, cuyos costos siguen ocultos para la opinión pública. Estimaciones basadas en registros de compras del Estado nacional indican que un solo operativo de contención frente al Congreso de la Nación demanda cerca de 600 millones de pesos, una cifra que equivale a unas 1.700 jubilaciones mínimas.
A este masivo gasto público en la Capital Federal se sumó el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Informes técnicos presentados en el Congreso de la Nación revelaron el uso indebido de la custodia oficial por parte de su esposa, Bettina Angeletti, quien utiliza móviles de la Policía Federal y agentes del Estado -asignados de palabra por la Secretaría General de la Presidencia- como un servicio de remisería privada para asistir a centros de estética, trasladar personal doméstico y realizar salidas nocturnas en zonas exclusivas de Palermo hasta altas horas de la madrugada.
La normativa nacional es taxativa al respecto y prohíbe que los familiares de los ministros cuenten con protección policial, salvo por amenazas concretas evaluadas técnicamente, un requisito que el entorno de Adorni jamás acreditó.
Esta situación abrió un fuerte frente judicial por presunta malversación de caudales públicos que golpea directamente el discurso de austeridad de la Casa Rosada y expone un doble estándar inadmisible frente a las provincias, que deben hacer malabares económicos para garantizar los servicios básicos de su población.
“El bloque de La Libertad Avanza en Jujuy prefiere desviar la atención con proyectos de achique local en lugar de defender los intereses de la provincia”, indicó Jubert, acotando que los libertarios jujeños “no han presentado una sola iniciativa ante el Congreso nacional para reclamar la restitución del Incentivo Docente, la mejora en los fondos de coparticipación federal o frenar los severos recortes económicos que hoy asfixian a la educación superior y al sistema universitario jujeño”.
